Miembros de la Plataforma contra la Criminalización Social de Bizkaia visitaron este fin de semana en Bilbao el buque Esperanza de Greenpeace, organización que forma parte de esta Plataforma. Además de conocer el funcionamiento y actividad del barco, el objetivo era seguir denunciando la aplicación de las leyes mordaza, que desde su entrada en vigor en julio de 2015, ha originado más de 5.200 sanciones en la Comunidad Autónoma Vasca. La gran mayoría de estas sanciones han sido impuestas por la Ertzaintza y en más del 99% de los casos se ha tratado de sanciones económicas.
Uno de los últimos casos de aplicación de esta ley es la multa de 602 euros a cada uno de los seis activistas de colectivo Kaleratzeak Stop Araba que se movilizaron contra el desahucio de una madre con dos hijos menores en Gasteiz, en aplicación del artículo 36.4 de la Ley de Seguridad Ciudadana, creado expresamente para criminalizar las protestas contra desahucios.
Por otro lado recientemente el Defensor del Pueblo ha admitido a trámite una queja presentada por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información contra la primera multa impuesta por la Ertzaintza a un periodista en aplicación de la ley mordaza. Se trata deMikel Sáenz de Buruaga, de la emisora Hala Bedi, único medio que pudo informar desde dentro sobre la actuación policial en el barrio autogestionado de Errekaleor el pasado 18 de mayo. Este periodista ha sido sancionado por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco con 602 euros por resistencia a la autoridad.
Consideramos que todas estas actuaciones tienen como único objetivo reprimir la movilización y la protesta social en las calles así como su difusión en los medios de comunicación, y por todo ello, desde el Esperanza, seguimos diciendo #MozalikEz.
PLATAFORMA CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN SOCIAL
HERRITARREN KRIMINALIZAZIOAREN AURKAKO PLATAFORMA
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